as elecciones están cercanas, y como no podía ser de otra manera, los historiadores nos hemos puesto a revisar nuestras notas y lecturas sobre comicios en el pasado. Arno Burkholder se ha ocupado de las votaciones del México independiente, y David Carbajal nos ha recordado que existían precedentes coloniales de elecciones, en este caso de cofradías y de órdenes religiosas.

En la Nueva España también había votaciones para elegir a los integrantes de los ayuntamientos, pero no los de españoles (cuyos miembros obtenían el cargo gracias a un remate público).  Donde sí había verdaderos comicios era en los cabildos o “repúblicas” de indios, en los que cada año se elegían gobernador, alcaldes y regidores. Estas autoridades estaban a cargo de mantener el orden, atender asuntos judiciales de menor entidad, recaudar los tributos, organizar las “tandas” del trabajo obligatorio, administrar los recursos comunitarios (como las tierras, aguas y bosques), coadyuvar con el cura párroco y representar los intereses del pueblo frente a las autoridades. A  nivel local, eran asuntos de gran importancia, que afectaban a todos y cada uno de los pobladores. Por esta razón muchas veces aparecían intereses y ambiciones en pugna, que tenían el mayor interés en acomodar la elección a su manera.

Quienes participaban en la votación, como electores y elegibles, eran los hombres “nobles”, con exclusión de los indios “del común”.  A veces la votación  era aun más restringida, y solo votaban los “oficiales” de república salientes, el cacique y los “viejos”, esto es, quienes habían participado anteriormente en cargos de gobierno.

La elección se realizaba al  principio de cada año. Los electores se reunían en las casas de comunidad, sin que debieran estar presentes funcionarios, el cura párroco o ningún vecino español o de las “castas”.

El virrey Velasco entrega las varas de gobierno a los oficiales de república (Códice Osuna)

La votación tenía que ser libre, ordenada, pacífica y “a mayores votos”.  Cuando concluía,  el escribano indígena levantaba un acta que se llevaba ante el alcalde mayor español. El magistrado entregaba provisionalmente las varas de gobierno a los electos y les concedía 30 días de plazo para acudir a la capital virreinal para confirmar su nombramiento. Si no parecía haber ninguna irregularidad, el virrey  hacía constar la aprobación al pie del acta electoral, tras lo cual los elegidos regresaban  a su pueblo para presentar el documento y jurar el buen uso de su oficio ante el alcalde mayor.

Como puede verse, existía una serie de normas y precauciones para asegurar la legalidad del proceso, que mucho nos recuerdan la complicada normativa contemporánea. Sin embargo, había varios procedimientos para que el gobernador saliente, o  incluso los curas párrocos y alcaldes mayores,  manipularan la jornada electoral o  recurrieran a distintas formas de fraude:

La coerción: los electores desafectos al gobernador saliente eran amenazados o encarcelados con diversos pretextos (deuda de tributos, maltratos a su esposa, embriaguez pública), y sólo eran liberados cuando comprometían su voto hacia los candidatos “oficiales”.

La descalificación: los candidatos podían ser acusados de no cumplir con el requisito de  ser “indio puro”, o bien se les tachaba de faltas a la moral, a los deberes de buen cristiano, o de ser pleitista y haber dejado deudas en algún periodo anterior de gobierno. En el momento previo a la elección, podían ser denunciados como inelegibles por estos motivos.

La manipulación del “padrón electoral”: como no había listas  formales de electores, quien tenía o no el derecho a votar podía ser objeto de dudas. A veces se impedía el acceso a la sala de cabildos de algunos electores, sobre todo cuando eran contrarios a las autoridades salientes, lo cual daba lugar empujones e insultos.

El madruguete: cuando los electores iban a presentar el acta de la elección ante el alcalde mayor, descubrían que se había hecho previamente una votación en secreto, y que incluso los conspiradores habían ya obtenido la confirmación virreinal.

La variante colonial de la “operación tamal”:  uno de los candidatos  reunía a los electores en su casa, varios días antes de la elección, y ahí permanecían, entre música, comida y bebida. De ahí partían a ejercer su voto, con los resultados previsibles.

Estas manipulaciones daban lugar a indignadas quejas que no se presentaban ante las autoridades españolas locales (muchas veces implicadas en el fraude) sino directamente ante el virrey, aunque fuese necesario acudir desde largas distancias a la ciudad de México. En esos casos, el alto funcionario iniciaba una averiguación, pedía informes al alcalde mayor, cura párroco o personalidades locales, y daba aviso a la parte contraria para que alegara su derecho. Si el asunto parecía grave, podía disponer la suspensión del gobernador electo, y que dirigiera interinamente el pueblo una persona respetada, a veces originaria de otro lugar, para calmar los ánimos. En ocasiones, los informes, contrainformes y alegatos se alargaban de tal manera que el conflicto por una elección se empataba con la votación siguiente, con las consecuencias que pueden imaginarse.

Desde luego, muchas elecciones transcurrían pacíficamente y sin conflictos, pero no hay mayor duda de que la tradición  de la manipulación y el fraude electoral no se originó en fechas recientes (como a veces se piensa), sino que tiene orígenes coloniales.

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Esta nota es un resumen de un artículo que fue publicado en “Conflictos y fraudes electorales en México colonial” Journal of Iberian and Latin American Studies, Bundoora (Australia), La Trobe University, no. 4:2, december 1998, p. 41-68.