Desde hace un par de años comencé a notar una curiosa evolución en el debate político y en la imaginación pública: algo es cierto e indiscutible porque hay documentos que lo demuestran en el Archivo General de la Nación. Anteriormente la mayor parte de las personas no tenían más que una vaga idea de la existencia de esta venerable institución, o bien no mostraban mayor interés por un vasto repositorio de papeles viejos. Solamente los historiadores, campesinos en busca de sus títulos agrarios y algún ocasional genealogista compartían pacientemente la media luz de las galerías del ex “palacio negro”  de Lecumberri.

Creo que este inesperado interés se originó cuando el presidente Vicente Fox decidió en 2002 enviar al AGN todos los documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional sobre los años de la “guerra sucia”, que muchos esperaban que revelarían “toda la verdad” sobre la represión de los movimientos populares de las últimas décadas. En algo deben haber contribuido, asimismo, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y el Instituto Federal de Acceso a la Información, que con diverso éxito demostraron la importancia del acceso a los registros públicos. Como quiera que haya sido, desde entonces no han cesado los artículos periodísticos de denuncia, las “revelaciones” sensacionales” sobre el papel desempeñado por conocidas personalidades del mundo artístico y político, los libros, las novelas e incluso -lo cual supongo que representa una especie de consagración- películas de suspenso,  donde los documentos del archivo tiene un papel primordial.

No me he puesto a revisar el fundamento documental de las diversas revelaciones que han merecido titulares de diverso grosor, pero tengo la sospecha de que buena parte de ellas no resistirían un análisis detenido. Un historiador conoce muy bien que algo no es necesariamente cierto por el simple hecho de ser enunciado en documentos de un archivo.  Esto es así porque,  aunque es raro, algunos documentos pretenden ser lo que no son; es decir son “falsos”, aunque la falsificación en sí sea algo de interés. Asimismo, quienes redactaban informes, actas o cualquier otro tipo de documentos tenían inevitablemente limitaciones (a veces estaban presentes, en otras hablaban de oídas), prejuicios (veían lo que querían ver) o intereses (resaltaban algunos hechos, ocultaban otros) que afectaban su testimonio. Los documentos nos dicen muchas cosas, pero no siempre lo que dicen es verdadero.

Desde luego, también hay historiadores que realizan investigaciones en el AGN y publican artículos o libros sobre el pasado reciente. Sin embargo, no han mostrado las mismas habilidades o intereses mercadotécnicos, ni han atraído tanto la atención publica. En parte se debe a que es difícil para un historiador arribar a conclusiones terminantes y plenamente probatorias. Por lo común se contenta con  hacer argumentos más o menos sólidos, convincentes y bien fundamentados, pero acepta a priori que no son “la verdad” definitiva. También ocurre que los detalles concretos de un suceso (quien dio una orden, estuvo presente, participó, persiguió, huyó, etcétera) pueden ser muy importantes para un juez o para la opinión pública, pero para un historiador importan menos que la interpretación general (el sentido, propósito, lugar en un proceso histórico de larga duración, etcétera). Las sentencias breves, sonoras y terminantes, aptas para ser recordadas y reproducidas en los noticieros, no son nuestro fuerte.

Por estas razones, los trabajos de los historiadores por lo común no pasan de los rincones perdidos de las secciones culturales de los periódicos. Lo cual, como todas las cosas, tiene sus lados indeseables pero también convenientes.